La Asociación Internacional del Libre Pensamiento exige que los responsables y cómplices de crímenes de la Iglesia católica respondan por sus actos
El Tribunal de Apelación de Lyon inició una investigación luego de varias demandas contra altos responsables de la Iglesia católica incluyendo a Philippe Barbarin, cardenal de la ciudad de Lyon, Francia por no haber denunciado a curas que hayan cometido agresiones sexuales a niños menores de 15 años, que puede ser objeto, en el derecho francés de tres años de encarcelamiento y 45 000 euros de multa.
El juez encargado del asunto estudia actualmente los expedientes después de las declaraciones de las presuntas víctimas del padre Bernard Preynat, afirmando que los responsables de la Diócesis de Lyon, entre los cuales el cardenal Barbarin, incumplieron al no denunciar a ese cura a la policía, como lo exige la ley francesa. Este último habría sido alertado sobre esos crímenes desde 1991. El cura había reconocido haber abusado sexualmente de jóvenes scouts entre 1986 y 1991, en el seno del grupo que él había animado durante 20 años.
Según la Agencia Francesa de Prensa (AFP), el Vaticano anteriormente había aportado su apoyo al arzobispo de Lyon, afirmando que tenía toda su confianza y que trataría el problema con “una gran responsabilidad”. Una fuete informativa, allegada al cardenal, afirmaba inclusive que “esta nota, de ninguna manera hacía referencia al cardenal Barbarin, quien casi inmediatamente después de haberse encontrado con una primera víctima había suspendido al Padre Preynat y pedido consejo a Roma y esto mucho antes de que una primera demanda fuera presentada”.
El director ejecutivo de la National Secular Society del Reino Unido, Keith Porteous Wood, igualmente portavoz de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, que trabaja desde hace muchos años sobre esos caso de los abusos sexuales cometidos por los curas y que ha entregado múltiples pruebas a las Naciones Unidas respecto del silencio culpable de la Iglesia católica, declaró a propósito de este caso: “Llamo al juez de instrucción con el objeto de hacer un ejemplo en esta diócesis y perseguir en justicia a la vez al agresor presumido y a los que piensan que puede pisotear la ley en toda impunidad”.
La Comisión Pontifical para la protección de menores reafirmó a medidos de febrero que los obispos tenían la obligación de señalar los casos de abusos sexuales ante las autoridades civiles, pero cada declaración del papa sobre este tema es más moderada que la precedente. El año pasado había anunciado la constitución de un “Tribunal de la Iglesia” (en vez de un fortalecimiento de la ley), para tratar ese tipo de casos, pero este tribunal nunca se ha reunido. A su regreso de su visita en México, el papa declaró, siempre de manera muy “moderada”, que tales obispos deberían dimitirse –sin que ni siquiera decir que él los obligaría a hacerlo. El apoyo implícito de Barbarin significa que la idea misma de que los obispos podrían respetar la ley fue abandonada.
Pareciera que los eclesiásticos franceses se resisten ante la obligación de reportar los abusos sexuales a las autoridades civiles, permitiendo de tal manera a los culpables escapar de ir a la cárcel y continuar con los abusos en toda impunidad. Esta reafirmación de la Comisión Pontifical citada líneas arriba, es resultado de una sesión de formación de los nuevos obispos realizada en el Vaticano en el curso del cual, el cardenal francés Tony Attrella (cura de la diócesis de París, psicoterapeuta y profesor en el colegio de los Bernandins) explicó a los obispos que no estaban obligados a reportar los casos de abusos sexuales a las autoridades civiles. En 2014, las Naciones Unidas habían fustigado al Vaticano luego de que un cardenal felicitó a un obispo francés por haber desafiado la ley y rechazado reportar uno de esos casos a la justicia.
En la mayor parte de los países, esta medida no es obligatoria, a pesar de que las Naciones Unidas hayan recomendado que lo sea, como por ejemplo en Irlanda.