El Tribunal Administrativo de Cayena emitió el 27 de diciembre de 2018 un juicio que confirma que la Colectividad territorial de Guayana seguía teniendo la obligación, según un real decreto de 1828 emitido por el rey Carlos X, de poner a cargo de los recursos públicos las sumas necesarias para pagar los salarios del obispo y de los sacerdotes católicos.
La acción ante el Tribunal Administrativo la habían iniciado el señor Rodolphe Alexandre, Presidente de la Colectividad Territorial y el señor Alain Tien-Liong, antiguo Presidente del Consejo General de Guayana.
El Tribunal se apoya en una respuesta del Consejo Constitucional francés, pronunciada en 2017 en ocasión de una apelación anterior.
La ley de Separación de las Iglesias et del Estado del 9 de diciembre de 1905 sigue todavía sin aplicación en Guayana y los presupuestos de esta colectividad se encentran gravados por un gasto indebido por causa de un texto monárquico y colonial que protegía la esclavitud.
El 20 de septiembre de 2015, después de una consulta a los electos de Guayana, el Congreso de Montevideo (Uruguay) de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento se dirigía a la Embajada de Francia en estos términos :« Este año en el que la República Francesa conmemora el 110° aniversario de la ley del 9 de diciembre de 1905 de Separación de las Iglesias y el Estado, referencia para numerosos pueblos, el V Congreso de la AILP dirige a las autoridades francesas una petición urgente para que acaben con esta situación vergonzosa. »
Nada ha cambiado
La respuesta del Consejo Constitucional permite pensar que la armonización con la ley del 9 de diciembre de 1905 que suprimiría esta anomalía colonial, podría realizarse muy simplemente, por vía legislativa, a través de una enmienda presupuestaria.
La Asociación Internacional de Libre Pensamiento reitera pues su petición hacia las autoridades francesas y apoya las gestiones realizadas por la Federación Nacional de Libre Pensamiento (Francia) y los Electos de Guayana.
París, 30.01. 2019