3º Congreso AILP, Concepción, 9 de noviembre del 2013
Quebec tiene planeado adoptar la laicidad como una política oficial
David Rand (Canadá)
(Traducción al español Bernardo Nicolás Unda)
Este documento está disponible también en formato PDF.
Estimadas amigas y amigos:
Tenemos una noticia muy importante proveniente de Canadá: la provincia de Quebec se esta preparando para adoptar el secularismo como su política oficial.
En septiembre del 2013, el gobierno de Quebec anuncio que adoptaría en un futuro cercano, un “estatuto de valores de Quebec”. Esta propuesta de estatutos declararía formalmente la separación de la religión y el estado, también se adoptaría una neutralidad religiosa del estado y una esencia secular en todas sus instituciones. La propuesta impondría una ley ética de neutralidad religiosa para trabajadores públicos, con esto se prohibiría el uso de símbolos religiosos obvios en trabajadores públicos, la reafirmación de la equidad de géneros, y establecería claras normas para limitar los llamados “acuerdos razonables” que en el pasado fueron privilegios especiales para algunos grupos religiosos. Todas estas medidas van en la dirección de formalizar la esencia secular del estado, asegurando la independencia y autonomía de éste, estando libre de religión.
De esta manera, los estatutos promueven el secularismo, la neutralidad religiosa y abarcan los principios republicanos y feministas, mientras se impide los privilegios religiosos. Esta es una medida de precaución necesaria para prevenir que fundamentalistas ganen más espacios en instituciones estatales y para que se esté seguro de que no se están entregando beneficios a ciertos tipos de creencias.
El gobierno ha indicado recientemente que podría reforzar las clausulas de los estatutos para promover así la renovación de algunas de sus excepciones, para que sean solamente temporales y remover el crucifijo que todavía cuelga en la pared de asamblea legislativa. El gobierno actual Parti Québécois (PQ) es una minoría, así que la aplicación de los estatutos todavía no está garantizada. Se necesitara el apoyo de otros partidos para que estos puedan ser aprobados.
Los estatutos propuestos han sido controversiales, con una fuerte oposición y con un fuerte apoyo en Quebec. La oposición ha sido deshonesta, haciendo acusaciones infundadas de intolerancia, xenofobia e incluso racismo.
La ideología del multiculturismo, que valora la afiliación étnica y religiosa por sobre los valores universales humanos, es un factor mayor en la oposición de los estatutos, de hecho, la propuesta protegería la libertad de conciencia, así protegiendo la libertad de religión y el estar libre de la religión, al garantizar un servicio público que es de religiosidad neutra y un estado independiente de la influencia religiosa. Si es que estos estatutos de hecho están “en contra” de algo, es en contra de los privilegios y fundamentalismos religiosos.
Pero los fundamentalistas religiosos, en particular los fundamentalistas islámicos, se hacen las víctimas, exclamando que los estatutos amenazarían su libertad de religión. Ellos usan el lenguaje de los “derechos humanos” para pelear en contra de los mismos, un ejemplo al demandar el “derecho” de una mujer musulmana a vestir un velo, incluso cuando trabaja en un cargo público. Ellos también deliberadamente borran la línea entre religión y etnicidad, así pueden acusar que las propuestas y, aquellos que las apoyan, muestran “islamofobia” y “racismo”, como si el estar contrario al fundamentalismo religiosos fuera equivalente a una discriminación racial.
Desafortunadamente, mucha gente ha caído en la trampa ideológica planeada por los islámicos y han sido seducidos por sus argumentos falaces y deshonestos para oponerse a los estatutos. Los oponentes más virulentos repiten acusaciones gratuitas de racismo y xenofobia, muchos se quejan amargamente sobre los códigos de vestimenta propuestos, como si fuera una seria violación a la libertad de religión, pero generalmente “olvidan” mencionar que esta se aplica solamente a trabajadores públicos, solo durante horas de trabajo. Y, manteniendo la mentalidad del multiculturismo, elevan la libertad de religión a un estatus absoluto, como si fuera más importante que cualquier otro derecho o principio con el cual existe el conflicto.
La oposición a los estatutos propuestos ha sido especialmente virulenta en Canadá, afuera de Quebec, donde el multiculturalismo es más popular, casi sagrado y la comprensión del secularismo es mucho más baja que en Quebec, también es importante recalcar que el Parti Québécois, quien actualmente tiene poder en Quebec (aunque sea un gobierno minoritario) es soberanista, esto significa que promueve la independencia de Quebec.
Esto aumenta de mayor manera la oposición de los canadienses fuera de Quebec, ya que algunos son aparentemente incapaces de juzgar el problema de manera justa debido a que están segados por su antipatía hacia el gobierno que está proponiendo los estatutos. (Aun así los dos temas no tienen relación, algunos soberanistas reconocidos se oponen los estatutos, mientras que otros anti soberanistas los apoyan). Incluso algunas organizaciones que se hacen llamar seculares fuera de Quebec han emitido declaraciones que lamentablemente están en contra de los estatutos.
Sin duda el aspecto más controversial es la prohibición de usar símbolos religiosos obvios en los trabajadores públicos, durante horas de trabajo, aquellos que se oponen a esta prohibición apoyan, ya sea inconscientemente o no, la discriminación a favor de empleados públicos que son creyentes religiosos y en contra de aquellos que no lo son, esto significa que, apoyan el privilegio de que se permita una excepción al código de vestimenta y se pueda usar lo que ellos quieran, al referirme a esto de “usar lo que ellos quieran” es a cualquier objeto o accesorio que es considerado por ellos como religioso. Para así dar un estatus predominante a la libertar de vestir símbolos religiosos violando una regla general menoscabando la libertad de conciencia.
Los que se oponen a la propuesta tienden a legitimar su oposición al invocar la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular el Artículo 18 que establece:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”
Ellos enfatizan que los estatutos propuestos por Quebec violarían la libertad de manifestar la religión de cada persona “en público” como se estipula en el artículo 18, sin embargo ellos no mencionan el Artículo 29 (2) de la misma Declaración:
“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”
La prohibición propuesta de símbolos de vestimenta religiosos aplicada a trabajadores públicos mientras trabajan es solo una modesta restricción de libertad de expresión y claramente cumple con el criterio para limitación justificable como se describe en el artículo anterior. Se debe enfatizar también que muchos de los otros derechos mencionados en artículos de la Declaración, como la igualdad de géneros, libertad de castigos crueles, libertad de movimiento, libertad de estar forzado al matrimonio, derechos la educación, etc., son negadas sistemáticamente por los mismos fundamentalistas que se quejan sobre los estatutos y que estos amenazan sus derechos. Incluso en el artículo 18 se afirma la libertad de cambio de religión, pero esta libertad está prohibida explícitamente por los fundamentalistas islámicos.
Para los funcionarios con alta autoridad; policías, jueces y profesores, la prohibición símbolos religiosos es crucial y urgente. Además, al implementar una política de neutralidad religiosa en el servicio público, el estado previene un proselitismo implícito y no verbal, la cual es la consecuencia inevitable de usar símbolos religiosos visibles los cuales tienen el potencial de intimidar a algunos clientes del servicio público, o adoctrinar a los más vulnerables, como pacientes o niños. La ventaja para la población general es bastante, mientras que el sacrificio para los empleados públicos es mínimo.
Una alianza por el secularismo (Rassemblement pour la laïcité) ha estado organizando y logrando un apoyo masivo de muchos sectores de la sociedad de Quebec. Esta alianza incluye a una amplia variedad participantes; por supuesto grupos seculares, uniones, grupos inmigrantes, feministas, lesbianas, gays, ateos, humanistas, etc. Aproximadamente diez mil personas han firmado la Declaración de principios de la alianza para promover el secularismo y apoyar la aprobación de los estatutos. El 26 de octubre, durante un clima frio y lluvioso, unas 20 mil personas participaron en una marcha por el secularismo en Montreal.
Mientras tanto en Turquía, el tiempo está retrocediendo unos 90 años ya que se esta permitiendo el uso de velo islámico en el trabajo público y en el parlamento. Las medidas secularistas adoptadas durante el gobierno de Mustafa Kemal Atatuk están siendo corroídas por el actual gobierno islámico.
Quebec, por otra parte, busca seguir para adelante. Los estatutos propuestos son el siguiente paso natural para lograr su secularización, un proceso que comenzó hace 50 años y que coincide con la llamada “revolución silenciosa” de Quebec. Si los estatutos no son aprobados, sería una un retroceso trágico, se malgastaría una oportunidad histórica. Sin embargo, si se aprueba la propuesta, Quebec se convertiría en un faro del secularismo, haciendo más que muchas de las jurisdicciones en el mundo para proteger la libertad de religión y el estar libre de la religión. Además, los principios secularistas que son explícitos en los estatutos facilitaran enormemente la eliminación de los privilegios restantes y de las ventajas fiscales que todavía son disfrutadas por las instituciones religiosas, así agilizando de forma completa la secularización.
